Protocolo Estambul

Acreditación y Certificación internacional: Diplomado

Protocolo Estambul

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CONSIDERACIONES GENERALES RELATIVAS A LAS ENTREVISTAS 

Comentario General sobre la importancia del protocolo frente al sistema judicial

Cuando se entreviste a una persona que afirme haber sido torturada, se tendrá en cuenta una serie de cuestiones y factores prácticos. Las presentes consideraciones valen para todas las personas que realicen entrevistas, sean juristas, médicos, psicólogos, psiquiatras, defensores de los derechos humanos o miembros de cualquier otra profesión. A continuación se describe este "terreno común" y se trata de ponerlo en los distintos contextos que pueden hallarse cuando se investiga la tortura y se entrevista a sus víctimas.

Finalidad de la investigación, el examen y la documentación.

El propósito general de la investigación consiste en determinar los hechos en relación con los presuntos casos de tortura. Las evaluaciones médicas de la tortura pueden aportar œtiles pruebas en contextos legales como:

a) La identificación de los agentes responsables de la tortura y su sometimiento a la justicia;

b) El apoyo a solicitudes de asilo político;

c) La determinación de las condiciones en que ciertos funcionarios del Estado han podido obtener falsas confesiones;

d) La averiguación de prácticas regionales de tortura.

También pueden utilizarse las evaluaciones médicas como base para identificar las necesidades terapéuticas de los supervivientes y como testimonio en las investigaciones de derechos humanos. 

El objetivo del testimonio escrito u oral del médico consiste en dar una opinión pericial sobre el grado en el que los resultados del examen médico se correlacionan con la denuncia de maltrato del paciente, y comunicar con eficacia las constataciones médicas del facultativo y sus interpretaciones a las autoridades judiciales y otras autoridades competentes. Además, con frecuencia el testimonio médico sirve para enseæar a los funcionarios judiciales y a otros agentes gubernamentales y a las comunidades locales e internacionales cuáles son las secuelas físicas y psicológicas de la tortura. Es preciso que el examinador esté en condiciones de hacer lo siguiente:

a) Evaluar posibles lesiones y malos tratos, incluso en ausencia de denuncias concretas de la persona o de los agentes del orden o de la justicia;

b) Documentar los indicios físicos y psicológicos de lesiones y malos tratos;

c) Determinar el grado de coherencia existente entre los signos observados en el examen y las denuncias concretas de maltrato formuladas por el paciente;

d) Determinar el grado de coherencia existente entre los signos observados en el examen individual y el conocimiento de los métodos de tortura utilizados en una determinada región y de sus secuelas más comunes;

e) Dar una interpretación pericial de los resultados de las evaluaciones medicolegales y entregar una opinión pericial sobre posibles casos de malos tratos en audiencia de solicitud de asilo, procesos penales y procedimientos civiles;

f) Utilizar la información obtenida de forma adecuada para mejorar las investigaciones de los casos de tortura y documentarlos más a fondo.


Salvaguardias de procedimiento con respecto a los detenidos

Se procederá a la evaluación médica forense de los detenidos en respuesta a una solicitud oficial escrita procedente de un fiscal público o de cualquier otro funcionario competente. Las solicitudes de evaluación médica formuladas por funcionarios de orden pœblico no se considerarán válidas a menos que sean solicitadas por instrucciones escritas de un fiscal público. De todas formas, los propios detenidos, así como sus abogados y familiares, tienen derecho a solicitar una evaluación médica para buscar pruebas de torturas y malos tratos.

El detenido será presentado al examen médico forense por funcionarios que no pertenezcan al ejército ni a la policía, ya que la tortura y los malos tratos han podido tener lugar estando la persona bajo la custodia de esos funcionarios y, por consiguiente, ejercerían una presión coercitiva inaceptable sobre el detenido o sobre el médico para que no documentase efectivamente la tortura o los malos tratos. Los funcionarios que supervisan el transporte del detenido deberán ser responsables ante el fiscal pœblico y no ante otros agentes de la ley. El abogado del detenido deberá hallarse presente durante la solicitud de examen y durante el transporte ulterior del detenido. Durante el período de detención y después, el detenido tendrá derecho a obtener una segunda o distinta evaluación médica a cargo de un médico calificado.

Todo detenido deberá ser examinado en privado. Nunca estará presente en la sala de examen un funcionario de policía u otro agente de la ley. Esta salvaguardia de procedimiento sólo podrá excluirse cuando, a juicio del médico examinador, haya signos fehacientes de que el detenido plantea un grave riesgo de seguridad para el personal de salud. En tales circunstancias y a petición del médico examinador, se pondrá a su disposición personal de seguridad del servicio de salud de que se trate, pero no policías u otros agentes de la ley.

En tales casos, el personal de seguridad estará situado de tal manera que sólo pueda establecer contacto visual con el paciente, pero no oír lo que dice. La evaluación médica de los detenidos se realizará en el lugar que el médico considere más adecuado. En ciertos casos puede ser mejor insistir en que la evaluación se haga en servicios médicos oficiales y no en la prisión o en la celda. En otros casos el preso puede preferir ser examinado en la relativa seguridad de su propia celda, si supone, por ejemplo, que los servicios mØdicos están vigilados. Cuál ha de ser el mejor lugar dependerá de numerosos factores, pero en todos los casos el investigador se asegurará de que los presos no se vean forzados a aceptar un lugar que no les satisfaga.

En el informe médico oficial del facultativo se señalará, en su caso, la presencia en la sala de examen de cualquier policía, soldado, funcionario de prisiones o cualquier otro agente de la ley, sea por la razón que fuere. La presencia de estos funcionarios durante el examen puede ser motivo para descartar un informe médico negativo. En el informe se indicarán los nombres y cargos de otras personas presentes en la sala de examen durante la evaluación médica. Las evaluaciones medicolegales de los detenidos deberán utilizar un formulario estándar de informe médico. La evaluación original ya concluida se transmitirá directamente a la persona que haya solicitado el informe, generalmente el fiscal pœblico. También se facilitará un informe médico a cualquier detenido o abogado que actœe en su nombre que lo solicite.

El médico examinador deberá conservar copias de todos los informes médicos. Una asociación médica nacional o una comisión de indagación pueden decidir inspeccionar los informes médicos para asegurarse del cumplimiento adecuado de las salvaguardias de procedimiento y las normas de documentación, en particular tratándose de médicos empleados por el Estado. Los informes se enviarán a esa organización siempre que se hayan resuelto las cuestiones de independencia y confidencialidad. En ninguna circunstancia se enviará copia del informe médico a los agentes de la ley. Es obligatorio que el detenido sea sometido a examen médico en el momento de su detención y que al ser puesto Øste en libertad se proceda a un nuevo examen y evaluación .

En el momento del examen médico se debe facilitar el acceso a un abogado. En la mayor parte de las situaciones de encarcelamiento no será posible que esté presente una persona del exterior durante el examen. En estos casos, se estipulará que el médico de la cárcel que trabaje con los reclusos deberá respetar la ética médica y deberá ser capaz de desempeñar sus funciones profesionales con independencia de cualquier influencia de terceros. Si el examen médico forense viene a apoyar la denuncia de tortura, el detenido no debe regresar al lugar de detención, sino que deberá comparecer ante el fiscal o el juez para que determinen bajo qué autoridad judicial han de poner al detenido.

MANUAL OPERACIONAL PROTOCOLO ESTAMBUL

LEE EL MANUAL 

del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura

Para misiones de examen forense realizadas por equipos médicos en la investigación y documentación de casos de presunta tortura

Visitas oficiales a centros de detención.

Las visitas a los reclusos no deben tomarse a la ligera. En ciertos casos puede ser extremadamente difícil realizarlas de forma objetiva y profesional, sobre todo en países donde aœn se practica la tortura. Una visita única, sin un seguimiento que garantice la seguridad ulterior de los entrevistados, puede ser peligrosa. En ciertos casos, una visita no seguida de otra puede ser peor que ninguna visita.

Ciertos investigadores de buena voluntad pueden caer en la trampa de visitar una cárcel o comisaría sin saber exactamente qué es lo que están haciendo. Pueden obtener una visión incompleta o falsa de la realidad. Inadvertidamente pueden poner en peligro a unos presos que quizá nunca vuelvan a ver. Ello puede además dar una coartada a los torturadores, que utilizarán el hecho de que personas del exterior hayan visitado su prisión y no se hayan percatado de nada.

Lo mejor será que las visitas se confíen a investigadores que puedan realizarlas, visita y seguimiento, de forma profesional y que por experiencia tengan ya establecidas ciertas salvaguardias de procedimiento para su trabajo. La idea de que el poseer algún conocimiento es mejor que no tener ninguno no es válida cuando se trabaja con reclusos que se han podido poner en peligro al dar su testimonio. Las visitas a los lugares de detención por personas de buena voluntad representantes de instituciones oficiales y no gubernamentales pueden ser difíciles e incluso resultar contraproducentes.

En el presente contexto debe hacerse una distinción entre una visita de buena fe necesaria para la investigación, que no se pone en tela de juicio, y una visita no indispensable que trasciende los fines de la indagación y que si es realizada por alguien que no es especialista puede causar más mal que bien en un país en que se practique la tortura. Las comisiones independientes constituidas por juristas y médicos deberán tener garantizado un acceso periódico a los lugares de detención y las prisiones. Las entrevistas con personas mantenidas en custodia y posiblemente incluso en manos de los agentes de la tortura, evidentemente serán muy distintas de las que se hagan en privado y en la seguridad de una instalación médica externa y segura. En estas situaciones es sumamente importante poderse ganar la confianza de la persona.

Pero aún más importante es no traicionar esa confianza, ni siquiera involuntariamente. Deberán tomarse todas las precauciones para que el detenido no se exponga a ningœn peligro. A los detenidos que hayan sido torturados se les preguntará si se puede utilizar la información que faciliten y de qué manera. Es muy posible que tengan demasiado miedo para permitir que se utilicen sus nombres, por ejemplo, por temor a represalias. Investigadores, profesionales médicos e intérpretes están obligados a respetar lo que se haya prometido al detenido. Puede plantearse un claro dilema, por ejemplo, cuando sea manifiesto que en un determinado lugar se ha torturado a gran número de reclusos pero por miedo todos ellos se nieguen a permitir que los investigadores utilicen sus historias. Enfrentado con la opción de traicionar la confianza de los reclusos en un afán de poner fin a la tortura o de respetar esa confianza y marcharse sin decir nada, habrá que encontrar alguna forma œtil de salir de ese dilema.

Confrontado con cierto número de reclusos que presentan señales evidentes en sus cuerpos de latigazos, golpes, laceraciones causadas por garrotes, etc., todos los cuales rehúsan que se mencionen sus casos por miedo a las represalias, será conveniente organizar una "inspección sanitaria" de todo el pabellón a plena vista en el patio. De esta forma, el investigador médico visitante recorrerá las hileras de presos formados y podrá ver las señales visibles de la tortura en  los sujetos, con lo cual estará en condiciones de preparar un informe de lo que ha visto sin necesidad de decir que los presos se han quejado de tortura. Este primer paso asegurará la confianza de los reclusos para futuras visitas de seguimiento.

 

Conferencia magistral Protocolo Estambul

Es evidente que otras formas más sutiles de tortura, psicológica o sexual, por ejemplo, no pueden tratarse de la misma manera. En estos casos puede ser necesario que el investigador no formule ningœn comentario durante una o varias visitas hasta que las circunstancias permitan que los detenidos pierdan el temor y autoricen el uso de sus declaraciones. El médico y el intérprete darán sus nombres y explicarán cuál es su papel en la evaluación. La documentación de las señales médicas de tortura exige conocimientos específicos de profesionales calificados de salud. Además, pueden obtenerse conocimientos sobre la tortura y sus consecuencias físicas y psicológicas mediante publicaciones, cursos de formación, conferencias profesionales y experiencia. Además, es importante conocer las prácticas regionales de torturas y malos tratos ya que esa información puede corroborar el relato que la persona haga sobre éstos. Se debe adquirir una experiencia en entrevistas y exámenes de personas en busca de señales físicas y psicológicas de tortura y en la documentación de los signos observados bajo la supervisión de personal médico experimentado.

Las personas que permanecen detenidas a veces pueden mostrarse excesivamente confiadas en situaciones en las que un entrevistador simplemente no puede garantizar que no va a haber represalias, si no se ha negociado la repetición de las visitas y ésta ha sido aceptada sin reservas por las autoridades o si la identidad de la persona no se ha registrado de manera que, por ejemplo, quede asegurado un seguimiento. Deberán adoptarse todas las precauciones para impedir que los reclusos se expongan a riesgos innecesarios, confiando ingenuamente en que la persona del exterior podrá protegerlos. Cuando se hacen visitas a personas que están detenidas, lo mejor es que los intérpretes vengan del exterior y no estén contratados localmente.

Se trata sobre todo de evitar que ellos o sus familias se vean sometidos a presiones por unas autoridades inquisitivas que deseen saber qué información se ha facilitado a los investigadores. La cuestión puede complicarse aún más cuando los detenidos pertenecen a un grupo étnico distinto del de sus carceleros. Cabe preguntarse si conviene que el intérprete local pertenezca al mismo grupo étnico que el preso, de manera que pueda ganarse su confianza, suscitando por otra parte la desconfianza de las autoridades, que probablemente tratarán de intimidarlo. Es más, el intérprete puede mostrarse reacio a trabajar en un ambiente hostil que podría ponerle en peligro. Cabe preguntarse también si no conviene que el intérprete pertenezca al mismo grupo étnico que los captores, con lo que ganará su confianza a costa de perder la del preso, quedando igualmente vulnerable a la intimidación de parte de las autoridades.

La respuesta es evidentemente que ninguna de las dos soluciones es el ideal. El intérprete debe ser ajeno a la región y todos han de considerar que es tan independiente como el propio investigador. Una persona entrevistada a las 20.00 horas merece tanta atención como la entrevista de las 8.00 horas. Los investigadores deben disponer del tiempo necesario y evitar toda sobrecarga de trabajo. No es justo que a la persona entrevistada a las 20.00 horas (que además ha estado esperando todo el día para contar su historia) se le corte la entrevista a causa del tiempo.  Es posible que los presos que no suelen encontrarse con gente del exterior no hayan tenido nunca la posibilidad de hablar sobre su tortura. Es erróneo suponer que los presos hablan continuamente entre ellos sobre de la tortura. Los presos que no tienen nada nuevo que ofrecer a la investigación merecen tanto tiempo como los demás. 


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